La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha hecho pública una Nota de Prensa (PDF) en la que anuncia que se han superado los dos millones de bases de datos inscritas por empresas y organismos públicos en el Registro General de Protección de Datos (RGPD).Los puntos más destacados del comunicado:
La cifra de ficheros inscritos por empresas y organismos públicos en los ocho primeros meses del año ha sido de 439.832, cifra que supera al total de los registrados en 2009 (380.177).
Las comunidades de propietarios son el sector con mayor número de notificaciones, acumulando la cifra de 241.000 ficheros, seguido del comercio con 212.761.
En relación a la finalidad de los ficheros registrados, la videovigilancia sigue su crecimiento de manera notable y aumenta en casi 23.000 en 2010 nuevos ficheros, alcanzando un total de 60.239.
Más de 729.000 entidades han inscrito sus bases de datos en el RGPD, una de las principales obligaciones legales que prevé la LOPD.
Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones que mayor número de ficheros ha notificado.
El trámite de inscripción de ficheros en la AEPD es totalmente gratuito y puede realizarse en la Web de la institución mediante el sistema “NOTA”.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alcanzado en el mes de agosto la cifra de 2.002.931 ficheros con datos de carácter personal inscritos en el Registro General de Protección de Datos, de los que 439.832 han sido inscritos en los ocho primeros meses del año 2010, cifra que supera el total de ficheros inscritos en 2009 (380.177). Entre los sectores con mayor actividad en la inscripción de ficheros, destacan los relacionados con la pequeña y mediana empresa y autónomos (comercio, turismo y hostelería); el sector inmobiliario (comunidades de propietarios y construcción), y el sector sanitario (sanidad y farmacia). Jerárquicamente destaca principalmente el número de bases de datos inscritas por las comunidades de propietarios, que ya ha superado la cifra acumulada de 241.000 ficheros registrados, y ha registrado un crecimiento en 2010 superior al 23%. En segundo lugar se encuentran las notificaciones realizadas por el sector del comercio que cuenta con 212.761 ficheros, y que aumenta asimismo por encima del 24% respecto al año anterior. En tercer lugar se sitúa el sector sanitario con 154.004 ficheros inscritos, seguido de las actividades de auditoria, contabilidad y asesoría fiscal, que cuentan con 108.872.Con respecto a la finalidad por la cual se inscriben los ficheros, es destacable el aumento que sigue experimentando en los últimos años la notificación de los ficheros de videovigilancia. Actualmente, la cifra total de ficheros inscritos que declaran esta finalidad es de 60.239 ficheros, de los cuales 22.820 ficheros han sido inscritos en los ocho primeros meses de 2010. Asimismo, cabe destacar que los sectores de comercio (12.530) y turismo y hostelería (7.398) son actualmente los que mayor número de ficheros de videovigilancia notifican, seguidos de las comunidades de propietarios que se perfilan, cada vez más, como uno de los ámbitos en los que la videovigilancia tiene mayor presencia. Titularidad de los ficherosEn cuanto a la distribución de los ficheros según la titularidad de los mismos se desprende que de los más de dos millones de ficheros inscritos en el registro, 104.443 de ellos son de titularidad pública y 1.898.488 son de titularidad privada habiendo sido inscritos por más de 729.000 entidades hasta la fecha, cumpliendo así con una de las obligaciones legales que se prevén en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).Por comunidades autónomas, Cataluña (382.370), Madrid (277.703) y Andalucía (264.431) son las regiones que acumulan un mayor número de ficheros inscritos en el RGPD, seguidas a continuación por la Comunidad Valenciana y Galicia. Cumplimiento de la obligación legal de notificación La LOPD obliga a todos organismos y entidades públicas y privadas a dar de alta sus ficheros que contengan datos de carácter personal (por ejemplo: ficheros pacientes, asociados, fichero nóminas, fichero clientes, etc.) en el Registro General de Protección de Datos, con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer quien trata sus datos y ejercer los derechos acceso, consulta, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales recogidos en ficheros. La AEPD cuenta para tal fin con un catálogo de ficheros de titularidad pública y privada, inscritos en el RGPD, que se actualiza mensualmente, y cuya consulta esta disponible en la página Web de la Agencia, www.agpd.es.El trámite de inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos es totalmente gratuito, y para ello la AEPD tiene a disposición de todos aquellas entidades obligadas el formulario electrónico NOTA (titularidad pública y titularidad privada), a través del que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción de ficheros. Este formulario permite la presentación de notificaciones a través de Internet, con y sin certificado de firma electrónica, y presentación en soporte papel. Asimismo, permite notificar de forma simplificada y precumplimentada los ficheros de titularidad privada de comunidades de propietarios, clientes, libro recetario de las oficinas de farmacia, pacientes, gestión escolar, nóminas, recursos humanos y videovigilancia, y los de titularidad pública de recursos humanos, gestión del padrón, gestión económica o control de acceso.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
jueves, 9 de septiembre de 2010
El Inem detecta fraude en los fondos de formación
El Inem ha detectado una bolsa de supuesto fraude en el uso de los fondos de formación continua, que algunas empresas utilizaban para financiarse la contratación de los servicios de protección de datos de algunas consultoras dedicadas a esta actividad. Los primeros resultados de una investigación abierta por el Servicio Público de Empleo, el antiguo Inem, ponen de manifiesto que en una de cada cuatro empresas investigadas se había producido alguna irregularidad.
Hasta el momento, los inspectores han analizado un total de 715 sedes empresariales que habrían utilizado los recursos que ofrece la Fundación Tripartita para la Formación Continua (la antigua Forcem), pero el volumen de empresas afectadas por la investigación podría ser mucho mayor. Según los datos a los que ha tenido acceso Público, alguna de las consultoras denunciadas ante la Administración por hacer publicidad de sus servicios a coste cero ha implantado la pro-tección de datos a 3.700 empresas, cada una con dimensiones de plantillas diferentes.
Una de cada cuatro sociedades fiscalizadas tiene alguna incidencia
La investigación se abrió en abril, fruto de las denuncias de las patronales de empresas del sector de la protección de datos. Sus asociados habían detectado que, desde 2007, un número creciente de competidores estaban vendiendo sus servicios a coste cero, y muchas veces con servicios a través de colegios profesionales. Esa oferta era posible porque la consultora incluía en sus servicios un curso financiado por la Fundación Tripartita. De esa forma, la subvención para el reciclaje de los trabajadores era la que pagaba los servicios de protección, ajustándose sus facturas a esta.
Las empresas con uno y hasta cinco trabajadores se pueden beneficiar así de 420 euros por curso, mientras que una empresa de ocho empleados podría llegar a recibir en 2009 subvenciones por formación de sus empleados por un valor de 3.800 euros. De momento, fuentes oficiosas consultadas evitaron ofrecer datos sobre el volumen de fondos defraudado, pero aseguraron que todo el proceso "huele fatal".
El director general de la Tripartita, Carlos Gómez, señaló a este diario que "seguimos atentamente este tipo de procesos y estamos facilitando toda la información al Servicio Público de Empleo", si bien aseguró que los expedientes abiertos a las empresas permitirán subsanar las irregularidades.
Después de recibir distintas denuncias, se ha inspeccionado a 715 empresas
Derivada en Hacienda
La investigación se centra sobre todo en las empresas que contrataron los servicios, ya que son las que se beneficiaron de créditos en las cuotas de formación profesional y por tanto habrían defraudado los fondos de formación. Además de las sanciones que puedan aflorar de la investigación de Empleo, la Fundación Tripartita ha puesto el caso en manos de la Agencia Tributaria, ya que las empresas podrían haber incurrido también en fraude fiscal. Según explicaron fuentes conocedoras de la investigación, las empresas estarían exentas de pagar el IVA por los cursos de formación, que no están gravados, pero no de los servicios de consultoría para la implementación de datos, a los que se debe aplicar el impuesto.
El Inem también ha empezado a investigar a las 21 empresas denunciadas por la patronal del sector tras ofrecer de forma gratuita los servicios de protección, que incluso publicitaban en revistas. A la mitad de ellas se les ha descubierto alguna incidencia, pero los inspecciones siguen abiertas.
Hasta el momento, los inspectores han analizado un total de 715 sedes empresariales que habrían utilizado los recursos que ofrece la Fundación Tripartita para la Formación Continua (la antigua Forcem), pero el volumen de empresas afectadas por la investigación podría ser mucho mayor. Según los datos a los que ha tenido acceso Público, alguna de las consultoras denunciadas ante la Administración por hacer publicidad de sus servicios a coste cero ha implantado la pro-tección de datos a 3.700 empresas, cada una con dimensiones de plantillas diferentes.
Una de cada cuatro sociedades fiscalizadas tiene alguna incidencia
La investigación se abrió en abril, fruto de las denuncias de las patronales de empresas del sector de la protección de datos. Sus asociados habían detectado que, desde 2007, un número creciente de competidores estaban vendiendo sus servicios a coste cero, y muchas veces con servicios a través de colegios profesionales. Esa oferta era posible porque la consultora incluía en sus servicios un curso financiado por la Fundación Tripartita. De esa forma, la subvención para el reciclaje de los trabajadores era la que pagaba los servicios de protección, ajustándose sus facturas a esta.
Las empresas con uno y hasta cinco trabajadores se pueden beneficiar así de 420 euros por curso, mientras que una empresa de ocho empleados podría llegar a recibir en 2009 subvenciones por formación de sus empleados por un valor de 3.800 euros. De momento, fuentes oficiosas consultadas evitaron ofrecer datos sobre el volumen de fondos defraudado, pero aseguraron que todo el proceso "huele fatal".
El director general de la Tripartita, Carlos Gómez, señaló a este diario que "seguimos atentamente este tipo de procesos y estamos facilitando toda la información al Servicio Público de Empleo", si bien aseguró que los expedientes abiertos a las empresas permitirán subsanar las irregularidades.
Después de recibir distintas denuncias, se ha inspeccionado a 715 empresas
Derivada en Hacienda
La investigación se centra sobre todo en las empresas que contrataron los servicios, ya que son las que se beneficiaron de créditos en las cuotas de formación profesional y por tanto habrían defraudado los fondos de formación. Además de las sanciones que puedan aflorar de la investigación de Empleo, la Fundación Tripartita ha puesto el caso en manos de la Agencia Tributaria, ya que las empresas podrían haber incurrido también en fraude fiscal. Según explicaron fuentes conocedoras de la investigación, las empresas estarían exentas de pagar el IVA por los cursos de formación, que no están gravados, pero no de los servicios de consultoría para la implementación de datos, a los que se debe aplicar el impuesto.
El Inem también ha empezado a investigar a las 21 empresas denunciadas por la patronal del sector tras ofrecer de forma gratuita los servicios de protección, que incluso publicitaban en revistas. A la mitad de ellas se les ha descubierto alguna incidencia, pero los inspecciones siguen abiertas.
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